Como norma general las incapacitaciones son una rara excepción, ya que toda persona mayor de edad tiene plena capacidad para generar efectos jurídicos para sí mismo o para terceras personas. Por ejemplo, hacer una donación o un testamento. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que aquellas personas que están afectadas por enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que les impidan gobernarse por sí mismas, puedan ser privadas de su plena capacidad de obrar a través de un proceso judicial, con el fin de que por sí solos no puedan celebrar actos o negocios con plena eficacia jurídica.

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Ahora bien, para que una persona adquiera la condición de incapacitado no basta por sí solo el hecho de que padezca la patología, sino que es necesario que un Juez declare, previa audiencia a los parientes más próximos del presunto incapaz, examen de éste, y oído el dictamen de un facultativo y practicadas todas las demás pruebas propuestas por las partes, que la persona se halla en un estado de incapacidad de los que la ley enuncia y le impide gobernarse por sí mismo.

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